El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó en España que el Gobierno está listo para tomar todas las acciones legales necesarias contra el régimen de Venezuela si se demuestra la hipótesis de la Fiscalía, que sugiere que el vicepresidente venezolano, Diosdado Cabello, ordenó el asesinato del disidente Ronald Ojeda, un exmilitar hallado muerto en Chile, donde tenía asilo político.
Gajardo mencionó que, si las teorías de la Fiscalía sobre la autoría del crimen son correctas, estaríamos ante un hecho «sumamente serio», ya que «implica la comisión de un crimen político en suelo chileno, ejecutado por una alta figura de un gobierno extranjero».
En caso de que estas sospechas se confirmen, el Gobierno de Chile «utilizará todas las acciones disponibles tanto en el marco del derecho nacional como internacional», explicó Gajardo durante una entrevista con Europa Press en la Embajada de Chile, en el contexto de su visita a Madrid. «Investigaremos todas las opciones posibles, desde acudir al Tribunal Penal Internacional hasta realizar las reclamaciones pertinentes», comentó.
El ministro subrayó, no obstante, la necesidad de «actuar con cautela» respecto al caso, dado que aún está en proceso judicial y las conexiones de Cabello en este asunto son meramente especulativas por parte de la Fiscalía. «Lo más adecuado es proceder con prudencia», añadió el ministro de Justicia, aunque apoyó las «investigaciones serias» y «altamente profesionales» de la Fiscalía.
Las autoridades venezolanas detuvieron a Ojeda en abril de 2017 junto a otros militares por presunta implicación en una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. No obstante, a finales de ese año, Ojeda logró escapar de la prisión y se exilió en Chile, donde obtuvo asilo político en 2023, mientras que en Venezuela enfrentaba acusaciones de traición a la patria.
Las últimas noticias sobre Ojeda son de febrero de 2024, cuando individuos encapuchados que aparentaban ser policías ingresaron en su vivienda. Su cuerpo fue descubierto dentro de una maleta enterrada bajo una estructura de cemento en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago. Además, la Fiscalía sospecha que el asesinato del disidente pudo haber sido un encargo de Cabello a un grupo criminal conocido como ‘Los Piratas’, integrado por unas veinte personas acusadas de delitos como secuestro, homicidio y extorsión.
El caso de Ojeda profundiza la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que suspendieron sus relaciones tras las elecciones presidenciales de Venezuela en julio, donde el oficialismo proclamó la victoria de Maduro, mientras que la oposición reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González, denunciando irregularidades en el proceso electoral.
La visita del ministro Gajardo a Madrid forma parte de un viaje que también lo llevará a Italia, y busca fortalecer la colaboración y cooperación internacional en cuestiones judiciales. El día anterior se reunió con el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, donde discutieron sobre el tratado de Medellín, que facilita la cooperación jurídica internacional.
Uno de los temas abordados fue la gestión del sistema penitenciario, un asunto que ha suscitado su interés, especialmente por la presencia de organizaciones criminales internacionales en la región, como la venezolana Tren de Aragua. «Esta es una de las razones por las que estamos promoviendo esta cooperación internacional», afirmó.
«El crimen organizado en Latinoamérica y a nivel global tiene un carácter internacional, por lo que su combate debe hacerse con cooperación y colaboración internacional. Es complicado para un país por sí solo erradicar completamente los tentáculos de bandas criminales que operan sin respetar fronteras«, explicó el ministro de Justicia chileno.
«En Latinoamérica, una característica destacada es que las bandas de crimen organizado han crecido en los sistemas penitenciarios», admitió Gajardo, quien insistió en que el objetivo es que el sistema penitenciario chileno impida los lazos entre los criminales encarcelados y sus cómplices en el exterior.
Finalmente, al ser consultado sobre la reciente orden del Poder Judicial que establece una indemnización a un sindicalista por las torturas sufridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, Gajardo enfatizó la «postura clara» de su Gobierno al respecto. «Es fundamental que los tribunales de Justicia lleven a cabo estas investigaciones, y que se pueda conocer la verdad sobre lo que sucedió durante la dictadura», comentó.
«Hemos señalado que es esencial lograr la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, tanto para los familiares de los desaparecidos como para quienes sufrieron prisión política y torturas«, concluyó el ministro, reconociendo que Chile como sociedad ha tardado en rendir cuentas y en reparar a las víctimas.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
