El expediente relacionado con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende ha revelado que la familia solicitó una cifra mayor a la de las primeras tasaciones, petición que fue atendida rápidamente.
De acuerdo con información de La Tercera, la declaración de Pablo Maino, quien lidera la División de Bienes Nacionales, indica que los vendedores esperaban recibir un pago mayor, ya que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) había establecido un precio más alto inicialmente.
Ante la discrepancia en las evaluaciones solicitadas por Serpat, Bienes Nacionales decidió llevar a cabo una nueva valoración. «El 12 de septiembre de 2024, la unidad de fiscalización y tasación elaboró el informe de tasación Nº 22-2024, que determinó un valor total del inmueble de 21.904,59 UF, equivalentes a $828.920.942», declaró Maino.
El 7 de octubre de 2024, Maino se reunió con Felipe Vio, representante legal de la familia Allende, quien le solicitó «aclarar la razón de la notable diferencia entre las tres tasaciones comerciales contratadas por el Serpat y la tasación de Bienes Nacionales.»
“Le expuse el análisis realizado por la Unidad de Fiscalización y Tasación que justificó la tasación del ministerio. Durante esta reunión, Felipe Vio expresó su descontento con los criterios utilizados y le sugerí que lo formalizara por escrito”, afirmó.
Más tarde, Vio reafirmó su intención de vender, pero insistió en que el precio ofrecido era bajo y mencionó “dos aspectos que debían ser corregidos”. En respuesta, Bienes Nacionales llevó a cabo una nueva evaluación y finalmente estableció un valor de $922.152.558 por el inmueble.
“El 28 de octubre de 2024, el representante legal de la familia Allende aceptó el precio”, afirmó el encargado de Bienes Nacionales.
Otro de los problemas surgidos en este proceso estuvo relacionado con la modalidad de pago. Maino mencionó que “el 30 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, Denisse Hernández, del gabinete de la ministra, me informó que se deseaba modificar la modalidad de pago, pasando de cuatro cheques para cada propietario a un cheque único extendido al representante legal, desconozco los motivos de esta solicitud”.
“No tengo registro de que se me haya informado acerca de posibles consecuencias legales que pudieran surgir en este proceso. Sin embargo, discutimos este tema en la DBN con Felipe Lanchares, en el contexto de sus implicaciones políticas y comunicacionales, considerando que podría cuestionarse la compra de una vivienda donde estaban involucrados una senadora y una ministra”, aseguró.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
