Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la diputada Karol Cariola, se pronunció sobre el allanamiento efectuado en el hogar de la parlamentaria, con el fin de incautar dispositivos electrónicos en el contexto de la investigación por presunto tráfico de influencias en la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella, mientras ella daba a luz a su primer hijo.
En una entrevista con Radio ADN, Manríquez comentó acerca de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una posible violación de los derechos de Cariola.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sirve como un acceso al sistema interamericano que protege los derechos fundamentales. Según el pacto internacional, establece varias directrices y recomendaciones que deben ser consideradas por los Estados, una de las cuales se refiere al trato que debe proporcionar el Estado a personas en situaciones vulnerables”, explicó.
Manríquez sostuvo que Chile ha promulgado leyes en concordancia con estas directrices, las cuales forman parte del marco legal vigente en el país: “Una de estas leyes protege a las mujeres parturientas y a las mujeres embarazadas. Chile ha implementado dos leyes en línea con estas directrices, que son parte del derecho interno vigente”.
“Se espera que el Estado se ajuste a estas convenciones internacionales, como lo establece la Constitución en el inciso segundo del artículo quinto. Cualquier actuación que restrinja o afecte derechos, en este caso, la dignidad de una persona y la de un recién nacido, debe limitar las acciones intrusivas y seleccionarse momentos más apropiados, especialmente porque hay otros métodos disponibles para asegurar, por ejemplo, el acceso a ese teléfono u otros registros electrónicos permitidos por la ley”, puntualizó Manríquez.
“Por lo tanto, pedimos que se evalúe la posible violación a la Convención Americana y al Pacto Internacional, considerando además el interés superior de un recién nacido, para que se tomen las medidas necesarias que puedan incluir la sanción por posibles incumplimientos de la normativa interna de la Policía de Investigaciones”, añadió el abogado.
El abogado también mencionó que se busca una posible sanción al Estado y la devolución de los elementos incautados. “Todo eso ha sido solicitado al Tribunal de Garantía correspondiente. Hemos argumentado y esperamos que se debata pronto por qué un informe policial incompleto e inexacto, que confunde hechos y omite información esencial, condujo a que el Tribunal aprobara esa medida”.
El abogado defensor de Karol Cariola afirmó que cierta información clave podría haber sido omitida en el informe policial: “Por ejemplo, se trataba de dos personas, no de una sola, y sobre ciertas ofertas de terceros que la diputada Cariola había desestimado de manera clara y expresa. Estos mensajes fueron excluidos para generar una percepción errónea”.
“En el ámbito internacional, Chile tiene compromisos que implican obligaciones de no regresión y no repetición. Nadie puede ser sometido a este tipo de procedimientos, especialmente cuando está claro que los policías informaron a la Fiscalía sobre la situación, y sin embargo, les ordenaron proceder en esa circunstancia”, continuó.
En relación a la denuncia presentada por el diputado y pareja de Cariola, Tomás de Rementería, quien indicó que la PDI se presentó en el hospital de la Universidad de Chile para incautar el celular de la diputada mientras ella estaba en trabajo de parto, Manríquez relató que “les comentaron: si tenemos un equipo apostado en la casa, donde estaba la abuela junto a otros menores, y aquí afuera, desde hace un día. Si desea un escándalo, lo tendrá”.
“El informe policial es incompleto, erróneo y contiene afirmaciones no verídicas, además de omitir información relevante, lo cual no fue evaluado por la Fiscalía, que simplemente reprodujo el informe y con ello solicitó la orden de entrada y registro. No es la prensa la que proporciona información errónea y confusa, es el informe policial, para ser claros”, denunció el abogado.
Sobre la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado expresó en Radio Cooperativa que «cualquier tribunal podría clasificarlo como violencia obstétrica», indicando que «existen convenciones internacionales que protegen tanto a la mujer como al niño, y dos leyes que prohíben la violencia obstétrica, que no solo se aplica durante el tratamiento, el parto y posteriores actos. Esto es un asunto muy serio».
El abogado destacó que hasta ahora «no hemos visto un interés del Estado en abordar» la situación de Cariola y esperan que las investigaciones internas aclaren lo sucedido, con la esperanza de que la CIDH tome una decisión al respecto.
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