¿Qué establece la Ley de Enemigos Extranjeros, qué facultades adicionales concede a las autoridades y cuándo fue su última aplicación?
La Ley de Enemigos Extranjeros, con una antigüedad de 227 años, otorga a los presidentes el poder de ordenar la detención y deportación de ciudadanos de los países con los que EE.UU. esté en conflicto. Es decir, de naciones con las que existan hostilidades reales.
Aprobada por el Congreso con el respaldo del presidente John Adams en un momento en que EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, la ley se diseñó para prevenir el espionaje y el sabotaje por parte de extranjeros.
«Había un gran temor a los simpatizantes franceses en el país y a las conspiraciones que buscaban alinear a EE.UU. con Francia», comentó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, en una entrevista con la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR).
A lo largo de su historia, la ley ha sido aplicada en tres ocasiones.
La primera vez fue en 1812, durante la guerra de EE.UU. contra el Reino Unido, en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera aplicación se produjeron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945), respectivamente.
En el primer conflicto mundial, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6,000 «extranjeros enemigos», principalmente alemanes, en campos de internamiento, algunos de los cuales permanecieron detenidos hasta dos años después de finalizados los combates.
Además, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. registró a 480,000 «extranjeros enemigos» alemanes y arrestó a 6,300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la ley se utilizó para justificar el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que residían en EE.UU.
Así, más de 30,000 personas estuvieron internadas en campos de detención, ya que se les consideraba potencialmente peligrosas.
Para justificar su reciente aplicación, en 2025, el presidente Donald Trump emitió un decreto en el que afirmó que el Tren de Aragua estaba «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de EE.UU.»
Para enfrentar esta supuesta amenaza, el presidente ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en EE.UU. que tuvieran al menos 14 años y fueran miembros del Tren de Aragua, y que «no fueran naturalizados o residentes permanentes legales», debían ser «detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros».
No obstante, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, dado que fue diseñada para conflictos bélicos.
Por ello, ordenó la suspensión de las deportaciones, aunque su decisión fue ignorada.
«La ley de 1798 es clara en que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser llevada a cabo por una ‘nación o gobierno extranjero’ para poder invocarse«, explicó Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, en una entrevista con BBC Mundo hace unas semanas.
SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? Y, ¿qué beneficios proporciona hacerlo?
De acuerdo con expertos consultados por BBC Mundo, este marco legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin garantizarles el debido proceso, es decir, sin ofrecerles el derecho a defenderse o a apelar ante instancias superiores, entre otros.
«La Alien Enemies Act confiere al gobierno de Trump grandes poderes ejecutivos sin restricciones para detener y expulsar a inmigrantes indocumentados a voluntad«, explicó Tichenor.
«La norma permite a los presidentes acelerar el proceso de deportación, sin que los no ciudadanos puedan recurrir a los tribunales de inmigración«, añadió el experto.
Al privar a los inmigrantes de sus garantías judiciales, se reducen los plazos y se pueden llevar a cabo deportaciones más rápidas y a gran escala, tal como prometió Trump durante su campaña.
Además, la Ley de Enemigos Extranjeros no exige presentar pruebas de que un extranjero representa una amenaza, basta con una simple sospecha. Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia, así lo advirtió.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados ni ha presentado evidencia que confirme su vínculo con el Tren de Aragua o que hayan cometido delitos en EE.UU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron detenidos han afirmado que sus seres queridos no pertenecen a grupos criminales, y se desconoce cuál fue el criterio que utilizó el gobierno de EE.UU. para determinarlos como tales.
La decisión de Trump de invocar este marco legal ha generado controversia.
«Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida en tiempos de paz», señaló Yon Ebright.
Desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés), denunciaron que la implementación actual de la ley representa «un peligroso abuso de poder que busca despojar a las personas de sus derechos legales«.
«Todo estadounidense, sin importar su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se utilizaron por última vez para encarcelar a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los episodios más vergonzosos en la historia de EE.UU.«, expresó la organización no partidista en un comunicado.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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