La reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por la región de Valparaíso ha generado una gran inquietud en el ámbito político e institucional. Para el Gobierno, este evento es considerado un “precedente grave” que ha provocado un examen más exhaustivo de otros casos similares que podrían llevar a nuevas acciones legales o incluso a más destituciones.
El núcleo del conflicto radica en el artículo 60 de la Constitución, que estipula que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado”. En el caso de Allende, se ha cuestionado la transacción de la propiedad familiar, específicamente la venta de la casa de su padre al Estado, lo que llevó a la aceptación del requerimiento por parte del TC.
Un reportaje de The Clinic ha sacado a la luz una serie de nombres que podrían verse involucrados en la misma normativa. Aunque se trata de información pública y no todos los detalles contractuales ni societarios son de fácil acceso, esta lista abre la posibilidad a nuevas investigaciones.
Entre los mencionados se encuentra el senador Juan Castro Prieto (IND- Partido Social Cristiano), quien tiene vínculos con la Constructora Indemma, la que ha recibido más de $3.000 millones de fondos públicos, según reportes del Mercado Público.
También está el senador Fidel Espinoza (PS), quien hasta 2018 figuraba como socio en Difusora Fresia Limitada, una empresa que obtuvo recursos de municipios de la región de Los Lagos. Espinoza afirmó que “jamás he recibido un peso” y que su salida formal de la sociedad se atrasó por un error en el Registro de Comercio.
Por otro lado, Jaime Mulet (FRVS), diputado y precandidato presidencial, se retiró de la sociedad Rodríguez y Compañía Limitada un mes tras asumir su cargo. Sin embargo, su esposa Flavia Torrealba continúa como contralora de la firma, que ha recibido pagos del Estado por una radio local. Esta situación podría ser objeto de revisión por parte del TC.
La diputada Ximena Ossandón (RN) también está en el punto de mira. Es socia de una empresa que ha recibido más de $28 mil millones de Corfo y la Tesorería General desde su ingreso a la sociedad. Además, su empresa familiar brindó servicios al SEP en 2010. Ella aclaró que «hace varios años efectivamente realizó una asesoría (…) en materia de Gobiernos Corporativos”.
Por último, se menciona al senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien arrendó una propiedad a la Junji por $4 millones mensuales hasta 2020, un acuerdo que se formalizó antes de que él asumiera como parlamentario.
Los ministros del TC contemplan dos posibles escenarios: que surjan nuevos requerimientos que provoquen más destituciones o que se anule el fallo contra Allende, el cual —hasta ahora— no ha sido oficializado por el tribunal y solo ha trascendido a través de filtraciones.
Cualquiera que sea el desenlace, lo sucedido representa un acontecimiento que podría tener profundas repercusiones para varios legisladores, independientemente de su afiliación política.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
