La destitución de la senadora Isabel Allende (PS), tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que la inhabilitó por su participación en la fallida compraventa de una casa familiar al Estado, no solo marcó un hecho inédito en la política reciente, sino que también encendió las alarmas dentro del Congreso. Varios legisladores comenzaron a revisar sus propias situaciones, ante el riesgo de que vínculos similares puedan derivar en nuevas solicitudes de cesación de cargos.
Un reportaje de The Clinic reveló que al menos cinco parlamentarios —entre ellos, el senador Juan Castro Prieto (PSC), la diputada Ximena Ossandón (RN), el senador Fidel Espinoza (PS), el diputado Jaime Mulet (FRVS) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli)— estarían ligados a contratos o relaciones comerciales con el Estado a través de sociedades personales o familiares.
Los casos incluyen desde arriendos a organismos públicos como la Junji, hasta servicios de radiodifusión a municipalidades y participación en empresas fintech que transan con instrumentos respaldados por recursos estatales. Aunque no todos los parlamentarios han firmado directamente contratos con el Estado, el criterio del TC en el caso Allende —que considera incluso vínculos indirectos o por interpósita persona— amplía significativamente el margen de interpretación de la norma.
El artículo 60 de la Constitución establece que cesarán en el cargo los legisladores que celebren o caucionen contratos con el Estado durante su mandato. Hasta ahora, se había aplicado con cautela. Sin embargo, el reciente fallo podría marcar un antes y un después, abriendo la puerta a nuevas denuncias o investigaciones.
Expertos constitucionalistas consultados discrepan sobre el alcance de la norma. Algunos sostienen que debe interpretarse de manera amplia, incluyendo a familiares y socios, mientras otros abogan por una aplicación más restrictiva, acotada solo a contratos firmados directamente por los parlamentarios.
A la espera de la notificación formal del fallo contra Allende, el Congreso vive un ambiente de inquietud jurídica y política, mientras crecen las dudas sobre cuánto podría extenderse este nuevo estándar de control institucional.
