En un esfuerzo final para revertir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Manuel Monsalve, su defensa apeló a la Corte Suprema, argumentando graves violaciones a sus derechos fundamentales y una falta de fundamentación en las resoluciones judiciales anteriores.
Después de que el recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago fuera declarado inadmisible, la defensa, liderada por el defensor penal público Víctor Providel, solicitó al tribunal superior que revoque la decisión y permita que una sala no inhabilitada del tribunal de alzada examine el fondo del caso.
“Que se remitan los antecedentes a la Excma. Corte Suprema […] y se ordene que una sala no inhabilitada […] restablezca el imperio del derecho, anulando el acto ilegal y arbitrario”, se expresa en el escrito de 15 páginas.
Entre los argumentos más destacados, el abogado argumenta que el 7° Juzgado de Garantía omitió fundamentos esenciales al mantener la prisión preventiva, calificando la resolución como “arbitraria e ilegal”.
Asegura que no se discutieron temas clave durante la audiencia, como la calificación de abuso sexual y la falta de dolo por parte del imputado. “No hay respuesta a las alegaciones de la defensa en la resolución impugnada”, afirmó.
La defensa también señala que no se justifica en qué consistiría la supuesta manipulación de evidencia atribuida a Monsalve. “No se especifica qué evidencia fue manipulada, ni cuándo habría ocurrido”, y no se mencionan “las ‘sospechas graves y fundadas’ de que mi representado pudiera obstaculizar la investigación”.
Además, Providel advierte que rechazar la admisibilidad del amparo vulnera el derecho de su cliente a un acceso efectivo a la justicia. “Negar la admisibilidad de la acción […] significa que mi representado quedará privado de su derecho a la tutela judicial de sus derechos fundamentales”, manifestó, citando el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Finalmente, sostiene que esta inadmisibilidad podría suponer un incumplimiento por parte del Estado de Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “No se observa cómo, en esta causa, se garantizan las posibilidades para que mi representado pueda ejercer la acción constitucional en defensa de sus intereses”, concluyó en la presentación ante la Corte Suprema.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
