La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva de Wilson Verdugo, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.
La determinación fue tomada por mayoría (dos votos a favor y uno en contra) en la Sexta Sala del tribunal, que rechazó la apelación presentada por la defensa del acusado. El ministro Juan Cristóbal Mera votó en contra de la medida, mientras que sus colegas Luis Francisco Avilés y Catalina Cynthia Infante Correa respaldaron su continuidad.
Verdugo enfrenta cargos por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones, en un caso que ocurrió el pasado 19 de junio en Ñuñoa. Según la Fiscalía Oriente, el imputado habría pagado alrededor de $30 millones para encargar el asesinato, proporcionando a los sicarios información detallada sobre la víctima, su domicilio y sus movimientos.
El día del crimen, los tres coimputados -Alberto Mejía Hernández, Yonder Blanco Véliz y Neomar Arismendi Duarte- interceptaron a Reyes y a su acompañante, robándoles un sobre con dinero y disparando al empresario en tres ocasiones, lo que resultó en su muerte en el lugar.
Los tres coimputados fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, aunque Mejía logró salir del país tras ser liberado al día siguiente y cruzó a Perú el 12 de julio. Su ubicación actual es desconocida.
La investigación también indica que Verdugo coordinó previamente la entrega de $9 millones en efectivo a la víctima, mantuvo contacto constante con ella y habría organizado el ataque.
La defensa del imputado, dirigida por el abogado y exfiscal Luis Inostroza, argumentó que no hay pruebas concretas que demuestren un acuerdo previo ni coordinación directa con el homicidio. Además, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, manifestando que se basan en conjeturas y declaraciones de testigos indirectos.
A pesar de estos argumentos, la Corte consideró que los elementos reunidos hasta ahora -incluyendo registros telefónicos, testimonios y pruebas de la entrega de dinero- son suficientes para justificar la medida cautelar más severa.
El tribunal tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar el éxito de la investigación.
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