Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) ha enviado una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, pidiendo que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio sobre la celebración que tuvo lugar en el módulo 35 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El incidente salió a la luz tras la difusión de videos en redes sociales que muestran a internos disfrutando de alcohol, teléfonos celulares, música y un asado en el penal.
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran Frank Sauerbaum (jefe de bancada), Carla Morales (subjefa), Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper (miembros de la comisión de Seguridad) y María Luisa Cordero, expresan que este “evento social”, ampliamente difundido por los propios internos en redes sociales, “demuestra una grave violación al régimen penitenciario y es un claro despropósito en relación a los objetivos de seguridad y rehabilitación que busca el sistema de justicia”. Además, recuerdan que el consumo de alcohol en los recintos penitenciarios está prohibido.
Especifican que lo ocurrido los días 8 y 9 de noviembre podría indicar “posibles actos de corrupción por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile, ya que resulta complicado entender cómo todos los elementos incautados pudieron ingresar al recinto penal, incluyendo una gran cantidad de carne para el asado y bebidas alcohólicas”. Cabe destacar que al menos 24 teléfonos celulares fueron requisados.
La misiva también menciona que el Código Penal, en sus artículos 304 bis y 304 ter, “prevé y sanciona tanto el ingreso como la tenencia injustificada de elementos prohibidos en recintos penitenciarios, especialmente a los funcionarios de Gendarmería de Chile que incurran en estas conductas o las toleren. Otras figuras, como el cohecho, también penalizan la actividad corrupta de los empleados públicos”.
Para los diputados de RN, las “investigaciones internas” que anunció Gendarmería no son suficientes para esclarecer lo ocurrido, y es esencial que esto sea complementado “con la intervención de esta Ente Persecutor utilizando todas las herramientas que la ley le permite”.
Subrayan que “la actitud desafiante de estos individuos (…) es una muestra de desobediencia al Estado». En su carta, afirman que, si se permite este tipo de excesos, es probable que se toleren otros comportamientos menos evidentes, pero igualmente problemáticos en la lucha contra la criminalidad, como el uso de teléfonos celulares.
Además, añaden que “con este margen de impunidad, es imposible desarticular las redes criminales que, según se ha denunciado, operan desde las cárceles”.
Concluyen que “no existe política de seguridad que tolere este nivel de libertad por parte de aquellos que, después de años y millones de pesos del presupuesto público, están sometidos a un proceso penal y condenados. Por ello, esperamos que el Ministerio Público dé prioridad a este caso, ya que es solo la punta del iceberg que amenaza las posibilidades de éxito en la lucha contra el crimen organizado”.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
