La investigación sobre un presunto fraude fiscal en la Municipalidad de San Bernardo ha cobrado nuevo impulso. El fiscal adjunto Rubén Salas ordenó el 5 de diciembre una serie de diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar en el caso que involucra a la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) y el manejo de recursos durante su gestión en la Corporación Municipal.
Según el documento enviado a la Bicrim de San Bernardo —al que tuvo acceso diario La Tercera—, el Ministerio Público ha solicitado que se cite a declarar como testigos a todos los concejales actuales. Entre ellos, se encuentran Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI). Esta última no solo forma parte del concejo, sino que también tiene un vínculo directo con la exalcaldesa, ya que es su sobrina y expareja de Mario Astorga, exjefe de finanzas municipal, también mencionado en la investigación.
La Fiscalía también ha solicitado a la Corporación Municipal de Educación y Salud que proporcione toda la documentación relacionada con las rendiciones de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), financiados por el Ministerio de Educación para mejorar los establecimientos públicos. Estos recursos han estado bajo cuestionamiento, ya que la corporación presenta una millonaria deuda por gastos no justificados, lo que motivó una acción judicial por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según este organismo, entre 2015 y 2017 no se presentó una rendición adecuada del uso de más de 4.000 millones de pesos, que habrían sido destinados a otros fines o no rendidos en absoluto.
El alcalde actual de San Bernardo, Christopher White (PS), ha destacado la importancia de estos recursos, afirmando que “esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios”. Subrayó que el municipio deberá cubrir esta deuda con fondos propios, lo que impactará negativamente en la gestión local.
La causa relacionada con los FAEP no es la única acción judicial que enfrenta la exalcaldesa Cuevas. En 2021, el municipio presentó una querella por fraude fiscal debido a irregularidades en subvenciones escolares entre 2016 y 2020, con montos que superarían los 20.000 millones de pesos. En el marco de esta investigación, la exjefa comunal fue interrogada como imputada en 2024, señalando que delegó las decisiones operativas y técnicas a la corporación y que su enfoque fue principalmente “macro” respecto a su funcionamiento.
El contexto político en la comuna también está tenso. En octubre, concejales de Republicanos y la UDI ingresaron un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional para destituir al alcalde White, alegando notable abandono de deberes y un “grave perjuicio patrimonial” para la comuna. Además, resaltan las deudas histórico-financieras de la Corporación Municipal y acusan que en 2022 se firmaron convenios y contratos colectivos sin el respaldo presupuestario adecuado, lo que habría generado un déficit superior a los 3.300 millones de pesos.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
