La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos, aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esta estrategia fue diseñada para coordinar las acciones de diversos organismos públicos frente a los impactos ambientales y económicos generados por los residuos marinos y microplásticos.
La fiscalización examinó la ejecución del plan de acción vinculado a la estrategia, revisando contrataciones, pagos, viáticos, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las actividades comprometidas para el período 2021-2030.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría señaló que la Subsecretaría del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas. Como resultado, a marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, lo que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones.
La auditoría también constató que la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no acreditaron gestiones para promover programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos, ni para difundir experiencias del sector privado y la sociedad civil. Tampoco se verificó la definición de acciones concretas para cumplir este objetivo, cuya implementación debió iniciarse en 2022.
La revisión detectó escasos avances en la identificación de productos del sector pesquero y acuícola que podrían incorporarse al régimen de Responsabilidad Extendida del Productor, establecido en la Ley N° 20.920. Igualmente, se observó la ausencia de acciones concretas para impulsar la economía circular en caletas pesqueras y reducir la generación de residuos plásticos marinos.
Otra observación indica que la Subsecretaría del Medio Ambiente no realizó las capacitaciones semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos, ni contaba con una planificación que permitiera implementar esta medida, prevista desde 2022.
La Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Medio Ambiente elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices que permitan fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia. Además, deberá informar las coordinaciones realizadas y la planificación para ejecutar las actividades pendientes.
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados al cumplimiento de las acciones programadas para 2026.
Directemar tendrá que identificar brechas, evaluar las actividades ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos por la estrategia.
La auditoría también detectó observaciones en procesos de pago relacionados con actividades de difusión y capacitación. Por ello, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
