El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció de forma oficial que interpondrá recursos de protección y acciones civiles contra las empresas privadas encargadas de las obras de construcción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras detectar irregularidades graves en el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio de febrero de 2024.
La decisión fue confirmada por el secretario regional ministerial de la cartera en la Región de Valparaíso, Marcelo Ruiz. El funcionario señaló que los trámites judiciales apuntan a restablecer de manera urgente los derechos constitucionales de cientos de familias damnificadas, que recibieron construcciones técnicamente clasificadas como deficientes e inseguras.
La estrategia estatal en El Olivar incluye la terminación anticipada de los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián. Ambas organizaciones enfrentan querellas criminales promovidas por el Minvu por delitos de estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias.
Los procesos penales acusan la obtención fraudulenta de prestaciones estatales en contratos que representan un patrimonio fiscal de 709.143,09 Unidades de Fomento (UF). Los peritajes realizados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y el Idiem de la Universidad de Chile revelaron deficiencias críticas en los estándares de resistencia al fuego y en el cumplimiento de normativas sísmicas vigentes.
De acuerdo con registros técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el proceso de renovación urbana en El Olivar se encuentra temporalmente detenido por acciones judiciales presentadas por la constructora y un grupo reducido de residentes. Esta disputa afecta 140 viviendas con diferentes porcentajes de avance y decretos de demolición autorizados.
La problemática también paraliza la planificación de otras 187 soluciones habitacionales donde aún no se iniciaban formalmente las faenas. Según cifras de la seremía regional, de las 330 viviendas afectadas, el 58% presentaba un avance constructivo real entre el 0,1% y el 2,6% de su ejecución.
Los equipos jurídicos del Minvu fundamentaron las nuevas acciones civiles en la necesidad de respetar la voluntad mayoritaria de los comités de allegados y propietarios, quienes pidieron formalmente acelerar los cronogramas de reconstrucción y rechazaron la continuidad de las empresas cuestionadas.
La jefatura regional del Minvu enfatizó que el Estado utilizará todas las herramientas administrativas disponibles para asegurar viviendas definitivas que cumplan los marcos regulatorios. Las autoridades concluyeron que no validarán políticas públicas que normalicen la entrega de inmuebles con defectos o fallas estructurales a familias en condición de vulnerabilidad social en el sector El Olivar.
Con Información de www.epicentrochile.com
