El retorno de la exalcaldesa de Antofagasta al país se encuentra en su etapa final, lo que ha generado un intenso debate jurídico sobre los procedimientos que deberá seguir la policía civil cuando arribe al aeropuerto de Santiago. Mientras en medios de comunicación y espacios públicos se ha instalado la posibilidad de una audiencia judicial inmediata, su defensa legal ha desmentido categóricamente este escenario, argumentando que la documentación oficial del Estado señala una situación distinta respecto a Karen Rojo.
La estrategia de sus abogados sostiene que la exautoridad local no debe presentarse ante ningún juez de garantía a su llegada.
Según el abogado defensor Fidel Castro Allendes, la interpretación no es subjetiva de su equipo. La orden de captura emitida por el tribunal el 24 de marzo de 2022 es explícita: ordena a las policías conducirla directamente al centro penitenciario más cercano para que comience a cumplir su condena de 5 años y un día por fraude al fisco.
Un certificado del juzgado, visado el 11 de diciembre de 2025, confirma que este decreto judicial funciona como una orden de ingreso inmediato a la cárcel, eliminando cualquier especulación sobre trámites intermedios.
El elemento central de esta situación radica en los compromisos diplomáticos que Chile estableció en Europa. Castro Allendes presentó la respuesta oficial que la República de Chile envió al Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos el 25 de enero de 2024, requisito indispensable para que la justicia de Rotterdam autorizara la liberación de la exautoridad.
En ese documento oficial, el Estado chileno garantizó expresamente que, de ser entregada, la mujer no ingresaría a prisión preventiva, sino que pasaría directamente a cumplir el saldo restante de su condena.
Incluso, ya tiene asignada una celda. Las autoridades penitenciarias determinaron que su destino será el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín, lo que para la defensa invalida cualquier intento policial de desviarla hacia un tribunal.
El debate que se aproxima no será sobre su culpabilidad, que ya es cosa juzgada, sino sobre el tiempo que cumplirá en la cárcel de Santiago.
El abogado defensor advirtió que considerando su detención actual, su pena estaría cumplida en un 80%. Este cálculo abre la posibilidad para que, una vez registrada en Gendarmería, sus representantes activen inmediatamente las solicitudes de abono de tiempo y los beneficios intrapenitenciarios que contempla la legislación local.
Desde la perspectiva de la defensa, la policía no tiene facultad para crear trámites adicionales. El penalista recordó citando la Constitución que las fuerzas de orden deben acatar los mandatos judiciales sin evaluar si el momento es oportuno.
Desde la Fiscalía, los plazos ya están establecidos. Álvaro Hernández, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, confirmó que el viaje de la exalcaldesa, custodiada por detectives, ocurrirá durante este mes, específicamente en las próximas dos semanas.
Con Información de www.epicentrochile.com
