La detención del asesor político Fernando Cerimedo en Bolivia y el descubrimiento de una presunta «granja de bots» han revivido en Chile interrogantes que desde la teoría democrática se plantean hace tiempo. Más allá de las implicancias judicales y penales que este caso pueda traer, resulta relevante reflexionar sobre los riesgos que estas prácticas representan para los sistemas democráticos.
A primera vista, muchas personas perciben que el principal peligro de los bots radica en la propagación de noticias falsas y diversas formas de desinformación. Si bien este daño es real e innegable, es el más fácil de contrarrestar, ya que la desinformación puede verificarse, refutarse y corregirse. Sin embargo, existe un daño mayor que opera en un nivel distinto.
Mientras que la desinformación distorsiona los hechos que conoce la ciudadanía, los bots distorsionan la percepción que esta tiene como conjunto. En otras palabras, el uso de bots frecuentemente no intenta persuadir, sino simular cantidad. Esta técnica de crear consensos ficticios donde realmente no existen se denomina astroturfing. Se trata de un procedimiento que no busca convencer, sino modificar la distribución aparente de las opiniones.
Esto resulta especialmente crítico para la democracia. Ningún ciudadano forma su opinión aisladamente. Las personas, con frecuencia de modo consciente o inconsciente, contrastan sus perspectivas y evaluaciones con las de otros. De esta manera, los ciudadanos tienden a conceder mayor importancia a aquello que numerosas personas parecen sostener simultáneamente. Quien se percibe en minoría tiende a abstenerse de expresarse, y ese silencio refuerza la apariencia de mayoría. Una mayoría, aunque sea ficticia, puede reordenar los temas de debate en la opinión pública y, consecuentemente, en el sistema político.
Un tema en tendencia sostenido artificialmente constituye precisamente esto: la simulación de respaldo masivo a una idea, postura política o decisión. No comunica «esto es cierto», ni argumenta racionalmente a favor de una posición, sino que transmite «la mayoría piensa así». El ciudadano no es engañado respecto a un hecho, sino sobre cuál es la opinión predominante en su comunidad. Como ilustración, durante la semana previa a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, aproximadamente cuatrocientos mil bots generaron cerca de una quinta parte de la conversación política en Twitter. El objetivo no era engañar a las personas con información falsa, sino crear un consenso aparente que llevara a concluir que la tendencia mayoritaria es la correcta o que ante tanto apoyo el voto carece de relevancia porque todo ya está determinado.
Robert Dahl se refirió al concepto de comprensión ilustrada. Conforme a este estándar para evaluar la calidad democrática, se demanda que el ciudadano disponga de oportunidades reales para informarse sobre las alternativas significativas antes de decidir y conocer las consecuencias de su decisión. El bot no interfiere en la urna ni altera sus resultados, sino que actúa previamente contaminando el entorno político.
Adicionalmente, surge otro riesgo. Una vez que la opinión pública toma conocimiento de la existencia de bots, cualquier manifestación o acuerdo genuino puede ser cuestionado como tal. El daño opera por dos caminos: se simula apoyo inexistente y se niega apoyo real. En ambos supuestos, los ciudadanos pierden referencias fundamentales para comprender cuál es el pensamiento auténtico de la sociedad sobre temas específicos.
La práctica de los bots no activa los mecanismos tradicionales del derecho electoral. No existe coacción, no hay fraude en las mesas de votación ni se adulteran los votos. El daño se genera en la esfera interna del elector y antes de los procesos electorales. Frente a esto son comprensibles las dificultades de los órganos de persecución, como el Ministerio Público. Se trata de un daño real que no encaja en las categorías que el derecho reconoce convencionalmente.
¿Cuál es la respuesta? El sistema político debe reaccionar. Son útiles el etiquetado de contenido sintético y la educación mediática, pero es fundamental concretar finalmente la transición de la autorregulación de plataformas hacia estándares vinculantes, preservando plenamente la libertad de expresión. Las plataformas obtienen ganancias con la viralidad que la manipulación genera, por lo que carecen de incentivos para eliminarla.
Una democracia que pierde la capacidad de conocer verdaderamente qué piensa la mayoría ciudadana se debilita. El caso Cerimedo será resuelto o archivado en los tribunales, pero los peligros que expone permanecerán. Un ciudadano usuario de redes sociales debería cuestionarse ante un tema en tendencia no solo si lo que se comenta es veraz, sino también si tras esa viralización existe realmente mucha gente o solo la apariencia de muchas personas.
Jorge Astudillo Muñoz
Académico en Derecho Político y Constitucional
Con Información de laregionhoy.cl
