La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado en favor del Director Jurídico de la Municipalidad de Llay Llay. Según la resolución, emitida el 30 de septiembre de 2026, la autorización judicial y el procedimiento policial que terminaron con la incautación de su computador de trabajo y su teléfono personal el 11 de septiembre pasado fueron declarados ilegales. Durante ese mismo operativo, algunos medios de comunicación informaron que el alcalde Edgardo González Arancibia había sido detenido, información que resultó falsa.
Los hechos se originaron cuando más de una decena de funcionarios de la PDI llegó al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos, sin contar con una orden judicial. Ante esa situación, el administrador municipal, quien también es abogado, exigió el documento correspondiente, lo que derivó en su retención por al menos cuatro horas, sin derecho a comunicarse, mientras se gestionaba una orden verbal ante el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Para el tribunal, la medida se dispuso de manera infundada y en contravención a la normativa. La Corte sostuvo que no existían antecedentes que vincularan de forma objetiva al Director Jurídico con los delitos que se investigan, lo que evidenció una falta de proporcionalidad en la decisión.
El fallo añadió que la PDI vulneró la libertad personal del amparado al mantenerlo retenido en su oficina mientras se esperaba la orden. En consecuencia, el tribunal de alzada dejó sin efecto la autorización judicial, declaró ilegales los resultados de las diligencias y dispuso la restitución de los objetos incautados a la brevedad, junto con la eliminación de los datos obtenidos de ellos. Asimismo, declaró ilegal el procedimiento ejecutado por la policía.
“Es de extrema gravedad que funcionarios de la PDI de Los Andes vulneraran las garantías constitucionales de trabajadores municipales mediante retenciones ilegales, sin fundamentos mínimos y excediendo sus atribuciones, tal como confirmó la Corte de Apelaciones al descartar delitos en el municipio. Estos actos atentan contra el Estado de derecho y representan una grave falta a la probidad, por lo que exigimos a las altas autoridades una respuesta institucional categórica y la aplicación de los sumarios correspondientes. Solo con estas medidas disciplinarias, nuestro municipio y la comunidad de Llay Llay podrán seguir confiando en la institución”, sentenció el alcalde Edgardo González Arancibia.
Con Información de www.sitiodelsuceso.cl
