La encuesta Plaza Pública Cadem, difundida este miércoles 7 de octubre, registró una nueva caída en la evaluación de la gestión gubernamental, con un 65% de desaprobación de la labor del presidente José Antonio Kast.
El resultado implica un alza de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior y marca el nivel más alto de rechazo ciudadano desde que el mandatario asumió la primera magistratura del país. En tanto, el respaldo popular alcanzó un 32%.
El estudio de opinión pública incluyó un capítulo central dedicado a la crisis de seguridad, que refleja una creciente atribución de responsabilidad política al actual Gobierno frente al avance del delito en el territorio nacional.
Consultados sobre qué institución debería asumir la principal responsabilidad ante la delincuencia, un 56% de los encuestados señaló al Gobierno, cifra que representa un incremento de tres puntos respecto del estudio previo. En un segundo lugar aparecieron los tribunales de justicia y los magistrados, con un 27%, seguidos por la labor conjunta de Carabineros y la PDI, con un 10%, mientras que los fiscales del Ministerio Público recibieron un 3% de las menciones.
En cuanto a las amenazas que generan mayor intranquilidad en la vida cotidiana de las familias, el robo o hurto con violencia encabezó las respuestas con un 35%, tras subir siete puntos. Le siguieron las encerronas o portonazos, con un 30%; los robos a viviendas, con un 29%; y el temor a homicidios o sicariato, que avanzó hasta el 27%.
Sobre los instrumentos de control del orden público, un 54% de los consultados se manifestó de acuerdo con decretar estados de excepción preventiva ante eventuales amenazas a la seguridad. La fijación de toques de queda, en cambio, dividió a la población, con un 47% a favor y un 46% en contra.
En el plano legislativo, la ciudadanía respaldó con fuerza las sanciones más severas para quienes integran bandas criminales organizadas, con el fin de evitar su injerencia en la toma de decisiones institucionales. Así, un 91% apoyó inhabilitar para cargos de elección popular a los condenados por crimen organizado, un 85% estuvo a favor de otorgar a Gendarmería más facultades para segregar reclusos y un 70% respaldó equiparar las penas de la criminalidad estructurada con las del terrorismo.
Con Información de www.epicentrochile.com
