La bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio exigió al Presidente José Antonio Kast que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
La demanda se produce tras la información publicada por el medio Interferencia, que dio a conocer que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre la cartera otorgó 56 rebajas de condena mediante decreto a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, lo que rompió con el criterio de los gobiernos anteriores, que rechazaban este tipo de solicitudes y defendían esa postura ante los tribunales.
La diputada y jefa de bancada del partido, Emilia Schneider, sostuvo que «el Gobierno del Presidente Kast ha mostrado su total desprecio por las víctimas, porque sólo han mostrado empatía y compasión con los violadores de derechos humanos y ahora con los abusadores y violadores de niños y niñas». La parlamentaria instó además al Ejecutivo a dar discusión inmediata para construir un acuerdo transversal sobre los distintos proyectos y evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.
Schneider hizo también un llamado a «transparentar los datos de estas causas para dejar en claro, para que las familias sepan, para que las víctimas sepan y, por cierto, que el Gobierno le hable al país, que deje de echarle la culpa al empedrado y que le diga a todas y a todos quién cambió este criterio, quién tomó la decisión de liberar a estos criminales tan repudiables y que causaron un daño tan grande a nuestra sociedad y a nuestro país. Como Frente Amplio no seremos cómplices de la impunidad, ni menos de la crueldad que busca institucionalizar este Gobierno».
Por su parte, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, planteó que el Gobierno ha actuado con «irresponsabilidad e incoherencia», dado que «no sólo ha rebajado las condenas a abusadores sexuales de niños y niñas, sino que también a condenados por violaciones a los derechos humanos. En su afán de ocultar la verdad, insisten en acusar al Gobierno anterior sin ningún tipo de fundamentos. Es inaceptable que intenten eludir su responsabilidad confundiendo a la ciudadanía».
La diputada Tello lamentó asimismo que «esta parece ser la tónica de este Gobierno. Dicen que se preocupan de las familias pero impulsan beneficios tributarios para las grandes empresas. Dicen que la seguridad es su prioridad pero rebajan las condenas de abusadores de niños y violadores de derechos humanos. No se puede gobernar diciendo una cosa y haciendo exactamente lo contrario. Esta vez les exigimos que como mínimo pongan a las víctimas por delante de los delincuentes y que el ministro Rabat dé un paso al costado».
La solicitud se funda en las distintas declaraciones del ministro Fernando Rabat, quien en un comienzo afirmó que se aplicó una «doctrina» de la Corte Suprema. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue categórica: «Fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene».
Desde 2022, la ley excluye de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. A partir de entonces, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha rechazado estas solicitudes y ha defendido ese rechazo ante los tribunales.
Sin embargo, según señaló el Frente Amplio, «el ministro Rabat cambió ese criterio y eligió la interpretación más favorable a los agresores, lo que sienta un precedente gravísimo y deja en la indefensión a las víctimas».
El partido indicó que el anuncio del proyecto de ley por parte del Gobierno, que busca impedir que situaciones como estas se produzcan en el futuro, «llega tarde y no repara el daño producido. Por eso, es momento de que se asuman y se exijan responsabilidades. Por ello la bancada del Frente Amplio llama al Presidente José Antonio Kast a pedir la renuncia inmediata del ministro Fernando Rabat, junto con» las siguientes medidas:
Primero, volver de inmediato al criterio de rechazar estas solicitudes y defender ese rechazo en los tribunales.
Segundo, transparentar los 56 decretos: cuántas personas fueron beneficiadas, la fecha de los delitos, los antecedentes considerados y si se informó a las víctimas.
Tercero, explicar quién decidió cambiar el criterio y por qué.
Cuarto, dar discusión inmediata a los proyectos que impiden estos beneficios por cualquier interpretación.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
