La mitad de las viviendas del país registra contribuciones impagas. De acuerdo con la Tesorería, a junio el 50,5% de las propiedades presentaba atrasos en el pago, un porcentaje superior al observado durante la pandemia, mientras la deuda acumulada se aproxima a los US$ 480 millones.
El impago no responde necesariamente a una falta de voluntad. Las contribuciones se calculan sobre el valor fiscal del inmueble y no en función de los ingresos de su propietario, y han aumentado a un ritmo mayor que el de los sueldos en un contexto de alto desempleo. A diferencia de los servicios de luz o agua, dejar de pagarlas no genera consecuencias inmediatas, por lo que suele ser la primera obligación que se posterga.
Sin embargo, esa postergación tiene un costo: la deuda continúa creciendo con intereses y multas, y con el tiempo puede derivar en un proceso de cobranza. Tampoco resulta útil esperar la exención para adultos mayores, dado que no tiene carácter retroactivo y no elimina lo ya adeudado.
En la actualidad existe una oportunidad concreta. La nueva Ley de Reconstrucción permite que personas y pymes con deudas de contribuciones vencidas hasta fines de 2025 regularicen su situación con rebajas importantes. Quien pague al contado queda liberado del 100% de los intereses y del 80% de las multas. También existe la opción de pagar en hasta 48 cuotas, con rebajas similares. El plazo para acogerse a este beneficio es de 180 días desde la publicación de la ley y no puede extenderse. Además, si se deja de pagar una sola cuota, se pierde el beneficio.
Con una nueva cuota de contribuciones programada para noviembre, lo aconsejable es informarse con anticipación y evaluar con realismo cuánto se puede pagar antes de firmar. Actuar a tiempo marca la diferencia entre un problema manejable y uno que se agranda.
Con Información de g5noticias.cl
