Hay una cifra que retrata el momento económico mejor que cualquier indicador macroeconómico: el 79% de los trabajadores en Chile afirma que su sueldo le alcanza para dos semanas o menos, dos puntos más que en 2025. El dato proviene de una encuesta realizada por una plataforma de empleo y no de una estadística oficial, pero condensa lo que se conversa en cualquier mesa de la región: el mes se alarga y el dinero no alcanza.
Los precios ayudan a explicar esa percepción. La canasta básica de alimentos superó los $90 mil por persona en marzo y en julio llegó a $91.220. Los alimentos suben 4,3%, por encima del IPC general de 4,1%, mientras el gasto en supermercados crece 4,2%, es decir, prácticamente plano en términos reales si se compara con el avance de 5,7% registrado hace un año. Los hogares no dejan de comprar, pero se ajustan: buscan ofertas y formatos más pequeños, y los jóvenes de 18 a 24 años recortan su gasto muy por debajo del promedio.
Todo esto ocurre en una región donde, según el INE, la desocupación llegó a 9,9% entre julio y septiembre, 1,4 puntos más que hace un año. A nivel nacional, el instituto registra 9,8% y más de un millón de personas desocupadas, junto con una caída de 2,5% en los asalariados formales. En Valparaíso, el trimestre junio-agosto superó las 106 mil personas sin trabajo.
La respuesta del gobierno ha sido el ajuste. El Presupuesto 2027 crece solo 1,5% y busca reducir el déficit estructural desde 2,8% a 1,8% del PIB. Las regiones deben absorber parte de esa cuenta: la propuesta contempla una rebaja de alrededor de $250 mil millones para los 16 gobiernos regionales, de los cuales cerca de $17 mil millones corresponderían a Valparaíso. Ese recorte llega, además, sobre una caída ya consumada: de acuerdo con la ejecución presupuestaria de Dipres a julio, la inversión pública en la región es $50.243 millones menor que un año antes, con $27.551 millones menos en salud, $21.118 millones en el Gobierno Regional y $1.574 millones en educación.
En economía, lo que la gente espera pesa tanto como lo que efectivamente ocurre. Una familia que teme perder su empleo posterga compras, y una empresa que enfrenta menor demanda posterga contrataciones. La confianza empresarial estuvo en nivel pesimista en julio, con 43,6 puntos; en septiembre subió a 49,4, todavía por debajo de los 50. Un Estado que anuncia recortes en pleno deterioro del empleo no ancla expectativas: las deprime. Uno que invierte las ordena, porque anticipa que alguien sostendrá la actividad mientras el sector privado se recupera. El propio ministro de Hacienda adelantó que los Imacec negativos continuarán en los próximos meses por el efecto de la minería. Si el gobierno espera más debilidad, necesita políticas contracíclicas.
Las alternativas existen. La más destacada es la del diputado Luis Cuello: un royalty portuario de US$1 por tonelada de carga, repartido en un 50% para los gobiernos regionales y un 50% para los municipios donde se emplazan los puertos. Se trata de una compensación razonable por el uso del borde costero y sus externalidades, con una virtud poco frecuente: financiaría inversión local de forma permanente. Con la carga de 2025, el mecanismo recaudaría unos $32.572 millones al año en la región y podría sostener cerca de 1.100 empleos.
A esa iniciativa se suman otras igual de concretas: reactivar el tren Santiago-Valparaíso y el teleférico a Placilla, incorporar 150 buses eléctricos y construir un electroterminal en San Antonio. En conjunto, las estimaciones de impacto, elaboradas con la ejecución de Dipres y el multiplicador de la matriz insumo-producto del Banco Central, apuntan a unos 7.500 empleos anuales, con lo que el desempleo regional bajaría 0,7 puntos. Más de dos tercios del costo provendría de concesiones y del propio royalty, no del presupuesto fiscal.
El problema no es contable, sino doctrinario. Insistir en que el ajuste, por sí solo, devolverá la confianza es un dogma neoliberal: cuando la demanda cae, recortar el gasto público reduce la actividad, la recaudación y el empleo, y termina agravando el problema fiscal que dice resolver.
A este gobierno se le puede decir algo simple: detrás de cada punto de desempleo hay una familia que hace cuentas en la cocina, un sueldo que no alcanza para llegar a fin de mes y una canasta que cada mes cuesta más. Los números fiscales importan, pero no son el fin. Es hora de que el gobierno empiece a pensar en las personas, y en Valparaíso eso significa más inversión, no menos.
Maycol Nicolás Gomez Vergara, MBA PUCV e ingeniero comercial, director del Área Económica de Contenido Público.
Con Información de laregionhoy.cl
