El robo ocurrido en octubre en las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, en Quilpué, no solo se tradujo en la pérdida de computadores y una caja fuerte. Una querella ingresada esta semana pone en evidencia un antecedente que abre una nueva arista al caso: desconocidos se llevaron específicamente cajas con documentación del gabinete de la administración anterior, mientras que los archivos de otras áreas no fueron tocados.
De acuerdo con el escrito judicial, al cual accedió de forma exclusiva SitiodelSuceso.cl, durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre delincuentes entraron al inmueble de calle Baquedano 1072 tras forzar un barrote de protección en una ventana trasera. El hecho fue descubierto la mañana del lunes 19, cuando los funcionarios llegaron a iniciar su jornada laboral.
Uno de los puntos que más destaca en la querella presentada por el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, es la naturaleza de la documentación sustraída desde una bodega. Se trata de cajas con archivos correspondientes al gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric. En cambio, los documentos de las áreas jurídica y contable permanecieron en sus lugares.
Este antecedente motivó que el delegado solicitara que se indague si quienes entraron al recinto sabían de antemano dónde se encontraban esos archivos y qué contenían. La interrogante apunta a si el robo persiguió un objetivo distinto a la simple sustracción de bienes de valor y si hubo un interés particular por acceder a determinada información institucional.
El inventario de lo sustraído incluye, además, computadores utilizados por distintas dependencias, entre ellos uno asignado al encargado de déficit hídrico y otro que estaba a cargo del delegado presidencial. A estos se agregan tres notebooks de PRODEMU, un equipo nuevo destinado a asistencia social y una caja fuerte del Departamento de Administración y Finanzas. El avalúo preliminar de lo robado asciende a $3,7 millones.
La querella alude también a un corte de electricidad registrado el sábado 17 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, un día antes del ilícito. La Delegación mantenía contratado un sistema de alarmas y cámaras de seguridad con una empresa externa, por lo que pide esclarecer qué ocurrió tras la interrupción del suministro eléctrico, si se generaron alertas y cuál fue la respuesta de la compañía.
El documento plantea, además, la posibilidad de que los autores conocieran la ubicación de las cámaras, los sistemas de grabación y la autonomía de sus baterías. No obstante, estos antecedentes constituyen hipótesis que deberán ser esclarecidas durante el transcurso de la investigación.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Local de Quilpué, que instruyó diligencias a LABOCAR y OS9 de Carabineros.
Con Información de www.sitiodelsuceso.cl
