Ampliar el acceso a medicamentos en zonas rurales es una necesidad, pero relajar los requisitos para administrar una farmacia podría mermar las garantías sanitarias de los pacientes. Esa es la advertencia de Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), ante un proyecto que busca permitir que otros profesionales o técnicos de nivel superior del área de la salud, con formación específica, asuman esa función.
La moción, impulsada por el diputado Diego Vergara, del Partido Republicano, pretende facilitar la apertura de farmacias en comunas y sectores rurales donde la oferta resulta insuficiente. Entre sus fundamentos, el parlamentario argumenta que los costos de contratar a un químico farmacéutico dificultan el funcionamiento de estos establecimientos en zonas de baja demanda.
Torres reconoce que existe una brecha que debe atenderse, pero sostiene que la respuesta debe considerar tanto la disponibilidad de los medicamentos como la seguridad de quienes los utilizan. «Acercar los medicamentos a las localidades rurales es una necesidad que requiere respuestas concretas», afirma. No obstante, subraya que «la presencia del químico farmacéutico, profesional de la salud, es una garantía sanitaria esencial».
El rol sanitario de las farmacias
En la visión del académico, la labor de estos establecimientos va más allá de la venta de medicamentos. Por su cercanía y accesibilidad, con frecuencia constituyen el primer punto de contacto de las personas con un profesional de la salud, un espacio donde pueden aclarar dudas sobre sus tratamientos, recibir orientación y advertir síntomas que requieren evaluación médica.
El químico farmacéutico también interviene en la revisión de recetas, la evaluación de dosis, la identificación de contraindicaciones y la detección de interacciones entre fármacos. Un ejemplo de ello es el uso simultáneo de anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos, una combinación que puede elevar el riesgo de hemorragias y que debe identificarse oportunamente para prevenir complicaciones.
A esas tareas se agrega la supervisión de las condiciones sanitarias del local, entre ellas la correcta conservación de los productos, el cumplimiento de la cadena de frío y el retiro de los medicamentos vencidos.
En Chile, el artículo 129 A del Código Sanitario dispone que las farmacias deben tener una dirección técnica a cargo de un químico farmacéutico, quien debe permanecer durante todo el horario de funcionamiento. La normativa le asigna, además, responsabilidades en la dispensación adecuada, la orientación a los usuarios y el uso racional de los medicamentos.
«Reducir las exigencias profesionales debilitaría esa protección», sostiene Torres, quien plantea que el objetivo debe ser extender la cobertura sin sacrificar la calidad de la atención ni la seguridad de los pacientes.
Alternativas para mejorar el acceso rural
El director de la Escuela de Química y Farmacia UNAB advierte que permitir que otros profesionales asuman la dirección técnica no obliga, por sí solo, a instalar nuevos establecimientos en localidades sin cobertura, a mantener disponibles los medicamentos esenciales ni a reducir los precios para las familias.
Por esa razón, propone robustecer mecanismos ya existentes y desarrollar medidas orientadas a remover las barreras concretas de acceso. Entre ellas menciona el fortalecimiento de las farmacias municipales y de atención primaria, con abastecimiento oportuno y una oferta acorde a las necesidades de cada comunidad.
También sugiere ampliar la participación de farmacias independientes y comunales en los mecanismos de compra de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), con el fin de aprovechar las compras agregadas y los precios máximos de venta aplicables.
Otra alternativa es recurrir a los almacenes farmacéuticos, establecimientos regulados que pueden ofrecer medicamentos dentro de las categorías y condiciones autorizadas por la normativa, bajo la dirección de un práctico de farmacia autorizado. A ello se suman los botiquines habilitados y las farmacias móviles, que operan con sus respectivas autorizaciones sanitarias.
Asimismo, Torres plantea reforzar la distribución de medicamentos en sectores rurales y estudiar modalidades de entrega domiciliaria que resguarden su conservación y trazabilidad, junto con la orientación necesaria para los pacientes.
«Una reforma debe vincular sus medidas con resultados verificables para la población», señala. En esa línea, indica que el éxito de las políticas de acceso debería reflejarse en menos viajes para conseguir medicamentos, un menor gasto de bolsillo y menos interrupciones de los tratamientos, sin debilitar las garantías sanitarias.
Con Información de g5noticias.cl
