El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se pronunció sobre las declaraciones del abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia del teniente Ronald Ojeda. Manríquez afirmó que solicitaron investigar al gobierno “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido” en relación con el asesinato del exmilitar venezolano.
“Desde el punto de vista legal, el estatus de refugiado y los antecedentes relacionados con el refugio están amparados por ley. Es importante recordar que en los primeros días tras las interrogantes sobre si tenía o no estatus de refugiado, todas las autoridades del Ejecutivo que respondimos en ese momento nos excusamos de hacerlo, porque contestar afirmativamente habría implicado violar la ley”, indicó Cordero al aludir a una posible negligencia en el manejo de la información de asilo del teniente venezolano.
El subsecretario agregó que “por tanto, el estatus de refugiado es un estatus que se encuentra protegido por la ley.” Aclaró que la acusación del abogado Manríquez no se refiere a dicho estatus, sino a supuestos accesos a información que habrían sido obtenidos a través de un convenio de colaboración con Venezuela para investigaciones policiales. “Esa es una hipótesis que el abogado Manríquez deberá probar en los tribunales”, comentó.
En cuanto a las acusaciones que provienen de la familia, Cordero destacó que “comprendo perfectamente la posición de la familia y de las víctimas en general, quienes exigen con más razón que cualquiera de nosotros. Siempre he mostrado mi mayor comprensión en este aspecto”.
“Sobre las imputaciones específicas, considero que el Estado de Chile ha actuado con la debida diligencia, no solo en relación con la investigación, que ya es de su conocimiento, sino también respecto a la postura del gobierno chileno. El Presidente, el canciller y la ministra del Interior han sido muy claros en este asunto, así como en la disposición del Estado de Chile para entregar la información que sea relevante en el contexto de las otras investigaciones que lleva a cabo la Corte Federal Internacional”, concluyó Cordero.
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