Durante su gestión como subsecretario de Desarrollo Regional entre marzo y septiembre de 2022, Miguel Crispi (Frente Amplio) autorizó el traspaso de más de $3.400 millones desde distintos Gobiernos Regionales a la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, actualmente investigado por la Fiscalía por presunto fraude al fisco.
Una resolución firmada por Crispi el 11 de julio de 2022 permitió redestinar $1.683 millones del presupuesto del Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, para financiar un programa de prevención del suicidio a cargo de ProCultura. De ese monto, la fundación solo ha rendido $600 millones y no ha devuelto los $1.000 millones restantes.
Otras dos resoluciones firmadas durante ese período —una por Crispi y otra por su subrogante Francisco Pinochet— autorizaron traspasos desde los gobiernos regionales de Ñuble ($268 millones) y Biobío ($1.506 millones), respectivamente. Todas estas transferencias fueron visadas por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien estampó su firma en los documentos.
Estos antecedentes fueron entregados por la actual subsecretaria Francisca Perales a través de una solicitud vía Ley de Transparencia. En total, en menos de dos meses, se transfirieron $3.458 millones a la fundación para proyectos de diversa índole.
Crispi, quien hasta marzo de este año fue jefe del Segundo Piso de La Moneda y uno de los asesores más cercanos al Presidente Boric, ya había sido cuestionado por su rol en la validación de un proyecto en Antofagasta adjudicado a ProCultura por más de $600 millones. Aunque aseguró ante el Congreso que no conocía a la fundación, sí reconoció su vínculo con Larraín.
Por su parte, el gobernador Orrego —quien firmó el convenio con ProCultura para el proyecto de salud mental— inició acciones legales tras el estallido del Caso Convenios, luego de que la fundación se negara a transparentar el uso de los fondos. En 2024, presentó una demanda civil y una querella criminal, aunque aún no logra recuperar los recursos transferidos.
La Fiscalía, a cargo del fiscal Patricio Cooper, mantiene abierta una investigación por presunto fraude al fisco en convenios por cerca de $6.000 millones entre ProCultura y distintas gobernaciones y seremis del Minvu en siete regiones.
