El Seremi Marcelo Ruiz enfatizó que no normalizará la entrega de soluciones habitacionales con fallas estructurales que pongan en riesgo la vida de las personas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras.
La entidad agregó que estas familias, propietarias de sus viviendas, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio por ocho delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural, y obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal.
El Ministerio recordó que la decisión de las familias de terminar ambas relaciones contractuales y aceptar la propuesta de Serviu Valparaíso fue tomada tras informarse de las graves deficiencias estructurales y los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego detectados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU (DITEC) y el IDIEM de la Universidad de Chile.
Según la cartera, estas familias actualmente no pueden avanzar con el proceso de reconstrucción por las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos que afecta no solo a las 140 viviendas que contaban con diversos porcentajes de avance y autorización de demolición, sino que también a 187 donde no existe aún ningún trabajo de inicio de obras.
Los recursos y acciones judiciales civiles interpuestos por el Ministerio de Vivienda tienen como finalidad que se respete el derecho y la voluntad de las familias propietarias que exigieron no seguir retrasando el proceso de reconstrucción de sus viviendas.
El Ministerio sostuvo que no entregará viviendas parchadas o falladas que pongan en riesgo la vida de las personas, y que su deber es proteger a las familias que quieren avanzar. Afirmó que no puede permitir que un conflicto judicial termine perjudicando a quienes ya autorizaron la demolición de sus viviendas o a quienes ni siquiera han podido iniciar la construcción de sus casas, comprometiéndose a utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para proteger a las familias de El Olivar y garantizar que reciban viviendas nuevas, seguras y construidas con los estándares que corresponden.
Con Información de g5noticias.cl
